LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y SUS FUNCIONARIOS
31 julio, 2017
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Por Dr. Ricardo Gabriel Castaños* |

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y SUS FUNCIONARIOS DE ACUERDO A LA NUEVA LEY PROVINCIAL Nº 8968 y LA LEY NACIONAL Nº 26.944

La Ley Provincial N° 8968 recientemente publicada el 11 de mayo de 2017, viene a regir en nuestra provincia la Responsabilidad del Estado (provincial y municipal) y de sus funcionarios por los daños que su actividad o inactividad causen a las personas o a sus bienes.

Históricamente y hasta el dictado de la Ley Nacional N° 26.944 y de la Ley Provincial en cuestión, la responsabilidad del Estado ha sido determinada, ante la ausencia de una norma expresa, principalmente por la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, basándose en lo  dispuesto en materia de responsabilidad el anterior Código Civil. Hoy, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en sus arts. 1764 a 1766  ha establecido que los mismos no serán de aplicación en cuanto a la responsabilidad  y que la misma se regirá por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda.

Es necesario tener en cuenta que las leyes Nacional N° 26.944 y  Provincial N° 8968, han sido redactadas, salvo algunas excepciones, en base a la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y permiten agrupar esta materia en un solo cuerpo normativo a fin de otorgar seguridad jurídica y garantía de los derechos, tanto de los ciudadanos (damnificados) como del propio Estado, ante los daños provocados por las acciones u omisiones y de sus funcionarios a terceros.

Si bien el dictado de esta ley es un acierto tanto del Congreso de la Nación que ha regulado la responsabilidad estatal en un solo cuerpo legal, como de la Legislatura Provincial que ha dictado su propia normativa en la materia, adecuándose en la mayoría de sus normas a la ley nacional pero completando ciertos aspectos, también hay que destacar los puntos más controvertidos y que seguramente serán objeto de discusión con el avance del tiempo y la aplicación de la presente ley al caso concreto.

Entre los aciertos a resaltar por parte de la Ley Provincial a diferencia de la Ley Nacional, tenemos: a) la exclusión de la disposición que imposibilita  que se impongan sanciones pecuniarias disuasivas al Estado, sus agentes y funcionarios, lo cual es importante ya que permite que judicialmente se puedan imponer sanciones económicas tanto al Estado como a sus agentes y funcionarios si no cumplen con una orden judicial;  b) prevé la responsabilidad concurrente del Estado cuando el daño ha sido causado por hechos imputables a la víctima, a un tercero por el que el Estado no deba responder y el propio Estado, ampliando así el marco de responsabilidad, a  diferencia de la Ley Nacional que no prevé este supuesto, ya que dispone que los hechos dañosos provocados por culpa de la víctima y de terceros por los que el estado no deber responder, configuran eximentes de la responsabilidad estatal;  c) en los daños causado por la actividad u omisión ilegítima del Estado prevé la reparación plena, salvo las excepciones establecidas por la misma ley;  d) en los daños causados por la actividad legítima del Estado deja abierta la puerta aunque de manera excepcional a la reparación del lucro cesante y del daño moral cuando el juez así lo considere y al valor de las inversiones no amortizadas cuando sean razonables;  e) prevé como supuestos especiales la responsabilidad por los daños causados por el riesgo o vicios de las cosas del Estado, la responsabilidad derivada de ciertas actividades peligrosas, la responsabilidad de los establecimientos educativos y la responsabilidad por la prestación directa por parte del Estado de servicios públicos;  f) agrega el procedimiento de cumplimiento de las sentencias condenatorias contra el Estado modificando el art. 54 de la ley de administración financiera Nº 8706.

Sin embargo, hay ciertas disposiciones tanto de la ley Provincial como de la Ley Nacional que si bien encuentran su respaldo en la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando deban ser aplicadas al caso concreto por el Juez, ello no será una tarea sencilla.

Una de los casos es el de los daños ocasionados por los concesionarios o contratistas de servicios públicos donde el Estado no responderá por ellos, en el que la Ley Provincial prevé una excepción a diferencia de la Ley Nacional, cuando la acción u omisión ilegítima le sea imputable directamente a un funcionario o agente del Estado. Si bien es un acierto por parte de la ley no responsabilizar directamente al Estado por los daños ocasionados por los contratistas de servicios públicos, ello no obstaría poder responsabilizarlo por la falta de control en su carácter de Organismo de Contralor al ser el concedente del servicio público.

Otro de los casos es el de los daños causados por la actividad judicial donde el Estado no se responsabilizará por los perjuicios que ocasione la actividad judicial legítima, dejando sólo derecho a indemnización cuando la actividad sea ilegítima, como en los casos de mal funcionamiento de la administración de justicia o error judicial. Pero qué sucederá cuando la actividad judicial legítima sí produzca daños? Por ejemplo cuando se procese y prive de la libertad a una persona actuando el juez correctamente conforme a derecho, y luego se lo sobresea por ser inocente. Esta persona fue privada de la libertad durante un tiempo determinado y se le dio difusión y publicidad a lo sucedido ocasionándole un perjuicio moral (desprestigio público) y material. Un caso como éste: ¿debería ser reparado por el Estado? Es correcto el principio general que el Estado no indemnice por la actividad judicial legítima, pero hay casos en que debe ser procedente su reparación.

Por último, encontramos la disposición que determina la responsabilidad personal del funcionario o agente público cuando éstos hubieren obrado con culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones ocasionando un daño. A ello, agrega acertadamente la Ley Provincial, a diferencia de la Ley Nacional, la responsabilidad conjunta  del Estado con la del funcionario público. Ello puede  incluir casos de responsabilidad por acción judicial, en donde la conducta del Juez, sea por culpa o dolo, perjudique a terceros. Fundar sentencias en hechos irreales o aplicar normas que no corresponden, disponer prisiones preventivas injustas,  o salidas transitorias mal otorgadas puede significar que un juez cumple  irregularmente sus funciones   y deberá responder personalmente y  concurrentemente con el Estado por los daños causados a terceros, independientemente de la facultad del Estado prevista por la norma de repetir contra el funcionario (lo que rara vez sucede). La discusión aquí se centrará en cómo reparará el funcionario judicial el perjuicio causado, ya que la Corte Suprema de la Nación ha sentado como criterio uniforme la remoción previa del juez mediante juicio político para poder interponer una demanda personal contra el mismo. La remoción previa para el juzgamiento civil requiere un tiempo considerable  por lo que se acciona solamente contra el Estado en virtud de su responsabilidad concurrente (no prevista en la ley nacional). En opinión disidente, la Dra. Kemelmajer de Carlucci cree que hay  supuestos que justifican la responsabilidad civil y no la remoción, por lo que podría responder el funcionario judicial sin necesidad de condena previa en juicio político.

Quizás lo más criticable de esta ley, tanto la provincial y más aun la nacional, es que de su lectura ante el caso concreto, no puede concluirse si el Estado indemnizará o no a la persona damnificada ya que algunos de los supuestos considerados son muy generales quedando lagunas que seguramente será llenadas por vía jurisprudencial. Aún ante el riesgo de hacer de la norma un instrumento excesivamente rígido, se podrían obtener mayores beneficios en su aplicación si tales supuestos fueran definidos con mayor precisión. De cualquier modo, la regulatoria sobre responsabilidad del Estado y sus funcionarios configura un gran avance hacia una mayor transparencia en la gestión del Estado.

* Abogado. Miembro de la Comisión Legal del Partido Demócrata de Mendoza